Un grupo de bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010 reclamó que la Argentina cumpla con el fallo adverso que tiene pendiente de pago en Londres, por la manipulación de estadísticas durante el kirchnerismo. Reclaman que el país desembolse más de 1500 millones de euros si pretende colocar nueva deuda en los mercados internacionales.
En octubre del año pasado la Corte Suprema del Reino Unido se negó a tomar el caso de la apelación argentina al fallo que la condenó a pagar esa suma por haber modificado la medición de crecimiento económico del INDEC y así evitar pagar los intereses de bonos atados a esa variable, conocidos como cupón PBI. De esta manera, la sentencia original, por 1300 millones de euros, quedó firme y acumula intereses.
En ese contexto, el grupo de bonistas pidió a la Argentina que cumpla con esas obligaciones antes de salir nuevamente a emitir deuda. Si bien los demandantes ya ejecutaron una garantía que el país había depositado para poder apelar, por más de 300 millones de euros, los tenedores de títulos calcularon que la deuda supera actualmente los 1500 millones de euros.
“El Ministerio de Economía está de gira por Londres con los fondos de bonos. Empieza la estrategia para que los inversores abran sus carteras. Solo hay un problema: la Argentina sigue desafiando la sentencia judicial británica de 1500 millones de euros sobre cupones PBI. Argentina, respeta a los tribunales del Reino Unido si planeas recaudar fondos en Londres”, publicó la asociación Exchange Bondholder Group en su cuenta de X.
La coalición de bonistas confirmó así que funcionarios del Gobierno argentino están sondeando la disposición de los inversores internacionales a comprar nueva deuda del país. Hace algunos días, el viceministro de Economía, José Luis Daza, había estado de viaje en Estados Unidos con el mismo objetivo: convencer a potenciales inversores.
“Si bien el ministro de Economía, Luis Caputo, ha declarado públicamente que es improbable que la Argentina acceda a los mercados internacionales en 2025, el creciente interés de los inversores, sumado a la mejora del perfil crediticio del país y la disminución de la prima de riesgo soberano (que se acerca a los 500-600 puntos básicos), sugiere que podría estarse considerando una nueva colocación de bonos externos”, indicó Latam Advisors en un reporte que envió a sus clientes tras la publicación de los bonistas.
El mismo informe agregó que las disputas legales en curso con los acreedores judiciales, tanto en el caso del cupón PBI (que también tiene una causa en Nueva York) como en el caso de la expropiación de YPF, presentan un riesgo considerable.
“La República ha estado en diálogo con los tenedores de cupones PBI desde el mes pasado, aunque no se ha alcanzado una resolución. Algunos analistas legales creen que los futuros ingresos de los bonos podrían estar en la mira de los acreedores, lo que podría complicar cualquier retorno a corto plazo a los mercados de capitales globales”, cerró Latam Advisors.
