Maestras y maestros de toda la provincia de Salta manifestaron su malestar por una serie de irregularidades detectadas en la liquidación del bono de $50.000 que el Gobierno había anunciado como parte del acuerdo salarial alcanzado en las últimas negociaciones paritarias. Según denunciaron desde el gremio Sitepsa, numerosos trabajadores de la educación no percibieron el monto completo y se encontraron con diferencias inexplicables entre los recibos digitales y los montos efectivamente depositados en sus cuentas.
El conflicto volvió a poner bajo la lupa al Ministerio de Educación de la Provincia, acusado por los propios docentes de actuar con desprolijidad y de generar un clima de incertidumbre en un contexto económico ya de por sí difícil. Para muchos, lo que debía ser un alivio terminó siendo otra muestra del desorden administrativo y la falta de consideración hacia el trabajo docente.
La situación se visibilizó a partir de múltiples reclamos individuales que comenzaron a circular por redes sociales y grupos de WhatsApp de trabajadores del sector. La mayoría apuntaba a lo mismo: al intentar verificar el depósito del bono, notaron que el importe no coincidía con lo anunciado oficialmente. Algunos se encontraron con montos parciales; otros, directamente, con la ausencia total del pago.
Desde el sindicato Sitepsa, que agrupa a una importante porción del magisterio salteño, aseguraron que esta situación no es un hecho aislado. “Muchos compañeros y compañeras nos informaron que al revisar sus cuentas, los números no cerraban. Educación emitió dos recibos distintos para el mismo periodo, y eso generó confusión. Cuando iban al cajero o consultaban por home banking, el saldo depositado no coincidía con lo prometido ni con lo que figura en los recibos”, explicaron desde la conducción gremial.
A raíz de esta confusión, docentes de distintos niveles y localidades de la provincia se vieron obligados a hacer presentaciones individuales ante el Centro de Atención Docente, el organismo oficial encargado de canalizar consultas y reclamos del sector. Pero lejos de encontrar una solución rápida, la mayoría asegura que las respuestas son vagas o, directamente, inexistentes.
Además del malestar por el pago irregular del bono, el conflicto expuso otras tensiones latentes. Desde el gremio cuestionaron también la política salarial implementada por el Gobierno provincial, a la que calificaron de insuficiente y meramente cosmética. Según remarcaron, el aumento del 4% aplicado en agosto no compensa la pérdida del poder adquisitivo que vienen acumulando los sueldos docentes en los últimos meses.
“La actualización del 4% es simbólica. No alcanza a cubrir ni siquiera el aumento de los precios en la canasta básica. En la práctica, los salarios siguen estancados mientras la inflación no da tregua. Los docentes estamos cada vez más empobrecidos y la Provincia parece mirar para otro lado”, señalaron fuentes gremiales.
La falta de claridad en la liquidación del bono se suma a una serie de reclamos que vienen acumulándose desde principios de año. En febrero y marzo, el inicio del ciclo lectivo ya había estado marcado por jornadas de protesta y movilizaciones en distintas localidades del interior salteño, donde los trabajadores reclamaban mejores condiciones laborales, incremento salarial acorde a la inflación y regularización de pagos atrasados.
En este contexto, muchos docentes sienten que el destrato institucional se ha vuelto moneda corriente. “Lo que más duele no es solo el error administrativo, sino la falta de empatía. Nadie sale a dar explicaciones claras. No hay un canal de comunicación oficial efectivo ni voluntad de solucionar los problemas”, expresaron algunos docentes consultados, quienes prefirieron mantener el anonimato por temor a represalias.
En los últimos años, el vínculo entre el magisterio salteño y las autoridades educativas provinciales ha atravesado una relación cada vez más tirante. Si bien la gestión intenta mostrar señales de apertura con convocatorias a paritarias y promesas de mejoras salariales, los docentes denuncian que esas instancias muchas veces terminan siendo meros formalismos sin resultados concretos.
El cobro irregular del bono de $50.000 es apenas el último capítulo de una serie de situaciones que ponen en evidencia una gestión educativa que, según denuncian desde el sector, funciona con falta de planificación, escasa comunicación interna y poca capacidad de respuesta ante los problemas reales que enfrentan los trabajadores.
En tanto, desde distintos sectores gremiales analizan nuevas medidas de fuerza si no hay respuestas satisfactorias en los próximos días. “Estamos cansados de promesas que no se cumplen. Los docentes no somos enemigos del Estado, somos parte del sistema educativo y merecemos respeto. Queremos cobrar lo que nos corresponde y vivir con dignidad”, concluyeron desde Sitepsa.
