En apenas tres días, el Gobierno nacional agotó el cupo de US$7.000 millones previsto por la suspensión temporaria de retenciones a la soja, una medida que buscaba captar divisas en medio de la crisis cambiaria. Sin embargo, en Salta, el corazón productivo del norte argentino, la iniciativa dejó un sabor amargo: los pequeños y medianos productores aseguran que el beneficio se concentró en grandes cerealeras y exportadoras, mientras el sector local quedó al margen.
La decisión, anunciada como una herramienta para fortalecer las reservas del Banco Central, generó críticas por su falta de planificación y su impacto desigual. En la provincia, donde el agro es un pilar económico clave, referentes del sector coincidieron en que estas medidas de corto plazo no resuelven los problemas estructurales del campo salteño, como la alta presión impositiva y la falta de un horizonte claro para planificar inversiones.
Desde la Sociedad Rural Salteña, su titular, Alfredo Figueroa, expresó la frustración de los productores locales. “Estas medidas son un parche que no da certezas. El campo necesita políticas a largo plazo, no volantazos que desorientan”, afirmó. Según Figueroa, la carga tributaria, con las retenciones como principal obstáculo, sigue siendo un freno para el desarrollo del sector en Salta, donde la producción de soja y otros cultivos enfrenta costos logísticos elevados por la distancia a los puertos.
Por su parte, Francisco Vidal, presidente de Prograno, fue aún más duro al calificar la medida como “poco seria”. “En tres días, los productores no tuvimos tiempo de organizarnos para aprovechar la baja de retenciones. El beneficio quedó en manos de las grandes empresas, que ya tenían la logística lista”, señaló. Vidal destacó que, si el plazo se hubiera extendido hasta fines de octubre, como se anunció inicialmente, más productores salteños podrían haber accedido a la reducción del 26% en los derechos de exportación.
El malestar en el campo salteño no es nuevo. La falta de previsibilidad y un tipo de cambio competitivo son reclamos históricos. “Liquidamos la cosecha con un dólar a $1.150 y meses después ya estaba en $1.500. Así es imposible planificar”, se quejó Vidal. Los productores advierten que estas políticas, lejos de incentivar la producción, generan desconfianza y afectan la competitividad del agro norteño frente a otras regiones del país.
En el contexto económico de Salta, donde el sector agropecuario es clave para la generación de empleo y divisas, la sensación predominante es de oportunidad perdida. “El Gobierno quiso evitar un descalabro económico, pero el campo sigue cargando con impuestos que desalientan la inversión”, remarcó Figueroa. Los productores coinciden en que eliminar gradualmente las retenciones, con un plan estratégico, sería el camino para fortalecer al sector.
Mientras el Ejecutivo nacional celebra el ingreso de dólares, en Salta el agro pide ser escuchado. La suspensión express de retenciones dejó en evidencia la necesidad de políticas que contemplen las particularidades de las economías regionales. En una provincia donde el campo es motor de desarrollo, los productores reclaman medidas que les permitan crecer sin depender de decisiones improvisadas.
