En un movimiento que tomó por sorpresa a todo el mercado financiero, el Gobierno nacional realizó este lunes una licitación fuera de calendario y logró absorber $3,8 billones en pesos, en lo que ya se considera uno de los ajustes monetarios más contundentes del año. La medida, impulsada por el Ministerio de Economía y coordinada con el Banco Central, apunta a una meta clara: frenar la presión sobre el dólar y contener la expansión de la base monetaria en plena etapa preelectoral.
La colocación fue exclusivamente dirigida a bancos y se realizó a través de un único instrumento: una letra capitalizable a tasa TAMAR, con vencimiento el 28 de noviembre. La tasa de corte se fijó en TAMAR más 1% de tasa nominal anual, lo que representa una rentabilidad elevada en términos reales. En la práctica, esto significa que se buscó retirar dinero del mercado ofreciendo atractivos rendimientos en un contexto de alta incertidumbre cambiaria.
Esta operación fue la segunda parte de un operativo mayor: el Tesoro ya había enfrentado una licitación anterior en la que sólo logró renovar el 61% de los vencimientos, lo que dejó un remanente de $5,8 billones en circulación. Ese excedente de pesos encendió las alarmas dentro del equipo económico liderado por Luis Caputo, que decidió actuar de inmediato para evitar que esa liquidez se volcara a la compra de dólares o presionara sobre los precios.
En paralelo, el Banco Central endureció las condiciones para los bancos: aumentó en cinco puntos los encajes obligatorios —tres de los cuales pueden integrarse con títulos públicos— y modificó el esquema de cumplimiento, que pasó de ser mensual a diario. Además, duplicó las penalidades por incumplimiento, estableciendo multas de hasta tres veces la tasa TAMAR. Esto dejó a las entidades financieras sin muchas opciones, prácticamente obligadas a volcarse a la licitación especial del lunes.
Desde el corazón financiero del país, la reacción fue inmediata. Se destacó el carácter inusual de la colocación, tanto por su modalidad como por su urgencia. El bono ofrecido —con una tasa mucho más baja que la vista en licitaciones anteriores— fue suscripto sin titubeos por los bancos, reflejando tanto la presión normativa como la necesidad de colocar sus fondos en activos seguros y rentables.
La jugada oficial también tuvo efectos rápidos en el mercado cambiario. En apenas dos semanas, el dólar oficial bajó de $1.380 a $1.310, una caída atribuida en parte a la fuerte liquidación del agro, pero también a la restricción de pesos que genera este tipo de operaciones. Al mismo tiempo, las tasas de interés se dispararon: los préstamos personales ya se ubican en torno al 70% anual, mientras que los descubiertos en cuenta corriente superan el 80%.
La política de absorción monetaria, enmarcada en la estrategia más amplia de "no dejar un peso suelto", responde a una lógica clara: no alimentar la demanda de divisas ni presionar la inflación. Sin embargo, en el corto plazo, este camino también genera tensiones. Al retirar pesos del mercado, se enfría la economía, se encarece el crédito y se incrementa el costo fiscal de la deuda pública.
Desde sectores productivos, como el agro y la industria, ya comenzaron a sonar algunas voces de preocupación. La falta de crédito accesible complica la operatoria diaria, especialmente en provincias como Salta, donde muchas actividades dependen de financiamiento para sostener su funcionamiento en épocas de baja estacional o de cosecha en curso.
Además, se espera que esta política tenga efectos concretos en la obra pública y el empleo. Con menos pesos circulando y mayores restricciones presupuestarias, proyectos provinciales y municipales podrían enfrentarse a demoras o recortes, afectando tanto a trabajadores como a proveedores locales.
Mientras tanto, el Gobierno insiste en que la estabilidad del tipo de cambio es clave para consolidar el plan económico. Según fuentes cercanas al Palacio de Hacienda, el objetivo es llegar al cierre del año sin sobresaltos en el mercado cambiario y con una inflación en descenso. En ese camino, el ajuste monetario parece ser la herramienta elegida, aun a costa de enfriar la economía.
A nivel local, el impacto ya se empieza a sentir. Comerciantes del centro salteño advierten una caída en las ventas, especialmente en rubros como indumentaria, electrodomésticos y materiales de construcción. “La gente consulta, pero no concreta”, repiten en varias zonas comerciales. El aumento de tasas también complica a quienes tienen tarjetas de crédito o préstamos personales, reduciendo el poder de compra.
El desafío para los próximos meses será sostener esta estrategia sin profundizar el freno económico. El Gobierno apuesta a que el orden fiscal, el control monetario y una eventual baja en la inflación generen confianza en los mercados. Sin embargo, los márgenes son cada vez más estrechos, y las consecuencias del apretón monetario ya no son una abstracción: se sienten en la calle, en los comercios, en las empresas, y en los hogares.
