La relación entre Salta y el Gobierno nacional atraviesa un momento de tensión. El ministro de Economía y Servicios Públicos de la provincia, Roberto Dib Ashur, alzó la voz para denunciar lo que considera un claro incumplimiento de la Nación en sus responsabilidades hacia Salta.
Según el funcionario, el Gobierno central adeuda a la provincia unos $300 mil millones en fondos y obras estratégicas que son vitales para el crecimiento y el bienestar de los salteños. “La Nación no está cumpliendo con lo que le corresponde”, aseguró Dib Ashur, marcando un nuevo capítulo en el reclamo de las provincias por una distribución más equitativa de los recursos.
El planteo del ministro pone el foco en una división de roles que, según su visión, debería regir el funcionamiento del país. “La Nación tiene que hacerse cargo de las obras estratégicas, de la defensa, de la seguridad y de garantizar una población sana y educada. Las provincias, en cambio, nos ocupamos de la conectividad, la educación y la salud, mientras que los municipios están para la cercanía con el vecino”, explicó. Sin embargo, para Dib Ashur, el Gobierno nacional no está cumpliendo con su parte del trato, dejando a Salta en una situación de desventaja que impacta directamente en la calidad de vida de sus habitantes.
Entre los puntos más críticos señalados por el ministro están las obras de infraestructura que deberían ser responsabilidad de la Nación, pero que, según él, no avanzan. Rutas nacionales, trenes, represas y proyectos energéticos son algunos de los pendientes que Salta reclama con urgencia. “No se trata solo de rutas o puentes, sino de cuestiones esenciales para el desarrollo, como la conectividad o el acceso a la energía, que son clave para nuestra economía y para los salteños que viven en el interior”, afirmó. Estas obras, muchas de ellas paralizadas o directamente inexistentes, son un reclamo histórico de la provincia, que busca mejorar su infraestructura para potenciar sectores como el turismo, la minería y la agroindustria, pilares de la economía salteña.
Otro aspecto que genera preocupación es la falta de asistencia en situaciones de emergencia. Dib Ashur destacó que las provincias, incluida Salta, aportan un fondo especial al Tesoro Nacional para atender catástrofes, como inundaciones o incendios, frecuentes en el norte argentino. “Nosotros separamos el 1% de lo que nos corresponde por coparticipación y lo dejamos en manos de la Nación para que esté disponible en caso de emergencias. Pero ese dinero, que debería devolverse a las provincias al cierre del año, no está llegando”, señaló. Esta situación, según el ministro, agrava las dificultades de las provincias para enfrentar eventos climáticos extremos, algo que en Salta es una realidad recurrente, especialmente en zonas como el Chaco salteño o los Valles Calchaquíes.
La deuda acumulada con Salta, según las cuentas del ministro, asciende a una cifra impactante: $300 mil millones. Este monto, que incluye tanto los recursos no girados como las obras pendientes, representa un freno significativo para el desarrollo provincial. “El año pasado, la deuda era de $240 mil millones, pero con la inflación y la devaluación, hoy estamos hablando de $300 mil millones. Es dinero que nos pertenece, que es de los salteños, y que debería estar invertido en nuestra provincia”, enfatizó Dib Ashur. Esta cifra, que equivale a una parte sustancial del presupuesto provincial, refleja el impacto de lo que el ministro considera una “falta de federalismo” en la distribución de los recursos nacionales.
El reclamo de Salta no es un hecho aislado. Otras provincias del norte argentino, como Jujuy o Tucumán, también han manifestado su descontento con la asignación de fondos y la ejecución de obras por parte del Gobierno nacional. En el caso de Salta, la situación se agrava por su ubicación estratégica y su dependencia de la infraestructura para conectar regiones tan diversas como la Puna, los Valles Calchaquíes y el área metropolitana de la capital. Sin rutas en condiciones o proyectos energéticos que garanticen el suministro, la provincia enfrenta dificultades para atraer inversiones y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
