El fondo buitre Bainbridge reactivó su ofensiva judicial contra la Argentina y pidió quedarse con acciones de Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación como forma de cobro de una deuda millonaria. La solicitud fue presentada ante la jueza Loretta Preska, en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde el fondo exige ejecutar un fallo a su favor por 95 millones de dólares, correspondiente a bonos impagos del default de 2001.
El planteo busca avanzar con una medida poco habitual: que el Estado argentino transfiera sus participaciones en ambas empresas estatales, se depositen en una cuenta bancaria en EE.UU. y luego pasen a manos de Bainbridge o de quien el fondo designe. Todo, como parte del intento por cobrar una sentencia firme dictada en diciembre de 2020, que hasta hoy sigue impaga.
Bainbridge es uno de los acreedores que nunca aceptó los canjes de deuda ofrecidos por la Argentina tras la crisis del 2001. Desde entonces, litiga en tribunales internacionales y ha probado distintos mecanismos de embargo. En 2023, por ejemplo, intentó embargar parte de las reservas del Banco Central, pero la propia Preska rechazó ese pedido.
Ahora, el fondo vuelve a la carga y apunta contra dos empresas clave del Estado nacional, en una estrategia que recuerda al litigio por YPF, en el que también están involucrados fondos como Burford Capital. En ese caso, Preska autorizó la ejecución de acciones, pero la medida fue suspendida provisoriamente por la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que aún debe definir si confirma el fallo.
Aunque no existen antecedentes firmes que avalen la entrega forzada de acciones de empresas públicas extranjeras, Bainbridge apuesta a abrir ese camino en la justicia estadounidense. La defensa argentina, por su parte, podrá apelar la medida si es aceptada, y pedir que su aplicación se suspenda hasta que intervenga la Cámara.
Mientras tanto, el país sigue acumulando reveses judiciales en EE.UU. Esta misma semana, Preska volvió a fallar en contra de la Argentina al desestimar un planteo para limitar el acceso de los fondos buitre a información sobre activos estatales. La jueza consideró que no había argumentos suficientes para revisar decisiones anteriores.
El conflicto judicial, aunque se desarrolle a miles de kilómetros, puede tener efectos directos en el país. En provincias como Salta, donde Aerolíneas Argentinas es clave para la conectividad y el Banco Nación tiene un rol central en el financiamiento de empresas, productores y pymes, un eventual cambio en el control de estas entidades podría traer consecuencias concretas.
La nueva ofensiva de Bainbridge vuelve a poner en discusión la capacidad de la Argentina para proteger sus activos estratégicos en el exterior y defender su soberanía económica frente a los fondos especulativos. Aunque el camino judicial es largo, el riesgo para las empresas públicas es real.
