En una sesión cargada de tensión política, el Senado de la Nación rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad con 63 votos a favor, 7 en contra y sin abstenciones. La decisión obliga al Gobierno de Javier Milei a promulgar la norma, aunque no se descarta una respuesta judicial por parte del Ejecutivo.
La ley, que ya había sido votada por ambas cámaras, establece medidas excepcionales hasta 2026 para garantizar prestaciones esenciales a personas con discapacidad en todo el país. La normativa apunta a actualizar automáticamente los aranceles, garantizar transporte, terapias y acompañamiento, en un contexto crítico para este sector.
Desde el oficialismo argumentaron que el veto se basó en razones fiscales y en la existencia de un marco legal previo, mientras que la oposición respondió que el ajuste no puede recaer sobre los más vulnerables. El resultado de la votación reflejó el rechazo transversal a la postura del Gobierno y marcó un freno a su agenda de recortes.
En Salta, la noticia fue bien recibida por organizaciones, profesionales y familias que desde hace tiempo denuncian la precariedad del sistema de atención. La ley podría significar un alivio importante para quienes dependen de servicios terapéuticos y de rehabilitación, especialmente en zonas alejadas o con menor infraestructura.
Durante el debate, no faltaron los cruces fuertes. El senador José Mayans acusó directamente a Milei de ser “perverso”, mientras que desde el PRO, la senadora Carmen Álvarez Rivero defendió el veto y pidió mayor eficiencia en la gestión. El clima en el recinto fue una muestra más del escenario político polarizado que atraviesa el país.
A pesar de la derrota legislativa, el oficialismo dejó abierta la posibilidad de impugnar la ley por supuestos vicios de constitucionalidad. Sin embargo, el Congreso dejó en claro que no está dispuesto a convalidar un ajuste que afecte derechos básicos.
En provincias como Salta, donde la infraestructura en discapacidad sigue siendo insuficiente y muchas familias dependen exclusivamente de las prestaciones estatales, la aplicación efectiva de la ley representa una necesidad urgente más que una discusión presupuestaria. Por eso, el reclamo ahora se traslada a la implementación.
Con este rechazo al veto, el Congreso no solo defendió una ley, sino también un principio: que el ahorro del Estado no puede hacerse a costa de los sectores más frágiles.
