En medio de una crisis que se profundiza desde 2023, la escasez de chapas patentes golpea a miles de conductores argentinos, que esperan con paciencia los permisos provisionales que solo prolongan el problema. Desde la oposición, reclaman respuestas concretas al Gobierno y apuntan a una administración pública desbordada.
La diputada Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica, presentó un pedido de acceso a la información pública dirigido al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, exigiendo detalles sobre los retrasos, la cantidad de patentes provisionales vigentes y los motivos detrás del cambio de proveedor tras la licitación adjudicada a Tönnjes Sudamericana S.A.. La representante remarcó: “Es inadmisible que quienes cumplen la ley terminen atrasados por la ineficiencia estatal”..
Aunque la Casa de la Moneda fue desfinanciada y trasladaron la fabricación desde Don Torcuato al centro de Buenos Aires, la producción aún no abastece la demanda; se estima que entre 500.000 y 600.000 vehículos circulan sin patente metálica. Se detectó que cada registro solo recibe 52 patentes por mes, un número inapropiado ante la intensa demanda.
El cambio de proveedor —tras la disolución del monopolio estatal y la licitación a Tönnjes Sudamericana S.A.— generó demoras que venían siendo anunciadas en mayo, pero la normalización aún no llegó.
Según la oposición, este atraso no solo retrasa la entrega definitiva de los rodados, sino que puede generar sanciones: quienes llevan únicamente el permiso provisional corren riesgo si un control de tránsito lo considera insuficiente. Aunque ese papel cumple un rol legal, no siempre es reconocido por cámaras de fotomultas o en peajes.
