Cristina Fernández de Kirchner, junto a los demás condenados en la causa Vialidad, fue intimada por la Justicia a devolver $684.990 millones al Estado argentino. El Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2) fijó un plazo de diez días hábiles para que los condenados efectúen el pago, cuya fecha límite será el próximo 13 de agosto.
La decisión fue tomada este martes por el TOF 2, que rechazó la propuesta de la defensa de la exmandataria de abonar $42 mil millones, monto estimado por su perito de parte. La suma establecida se mantuvo según lo dictaminado por peritos de la Corte Suprema de Justicia, quienes evaluaron el perjuicio económico derivado de la corrupción en la obra pública en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas.
Una deuda solidaria y sin división de montos entre los condenados
El fallo, firmado por el juez Jorge Gorini, establece que la responsabilidad es solidaria, por lo que los nueve condenados deberán coordinar entre ellos cómo pagarán la suma exigida. No se especifica cuánto debe aportar cada uno. De no cumplirse la devolución voluntaria en el plazo indicado, se iniciará la ejecución de bienes.
Gorini ordenó además la ampliación de los embargos preventivos y solicitó al Banco Nación la apertura de una cuenta judicial destinada a recibir los depósitos correspondientes.
Entre los condenados figuran, además de Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez, el exministro de Planificación Julio De Vido, y otros exfuncionarios nacionales y provinciales vinculados a la concesión de obras viales en Santa Cruz.
Fiscalía investiga bienes de la pareja de Báez
La situación legal de Lázaro Báez se complica aún más, ya que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron medidas para rastrear el destino de bienes que habrían sido ocultados o transferidos. Según los funcionarios judiciales, existen indicios de que la pareja de Báez, Claudia Insaurralde, habría actuado como testaferro o prestanombre del empresario.
Los fiscales solicitaron que se extiendan a todos los condenados las restricciones que ya pesan sobre Báez, impidiéndoles realizar actos jurídicos que afecten su patrimonio. Además, pidieron investigar los muebles, inmuebles y movimientos financieros vinculados a Insaurralde desde 2016 hasta la fecha.
Se supo que Insaurralde visitó a Báez en la cárcel de Río Gallegos hace pocos días con la intención de que firmara una serie de documentos relacionados con propiedades y bienes registrables. En mayo de 2020, el empresario le otorgó un poder amplio para manejar sus asuntos personales y comerciales.
¿Qué pasa si no pagan?
El fallo judicial señala claramente que si los condenados no cumplen con el pago antes del 13 de agosto, el tribunal avanzará con el proceso de ejecución patrimonial. Esto implica que se podrían rematar propiedades, intervenir cuentas bancarias y otros activos para cumplir con el resarcimiento económico.
La cifra impuesta representa uno de los reclamos de devolución de fondos más altos en la historia judicial argentina. El objetivo, según el Tribunal, es reparar el daño ocasionado al Estado por la administración fraudulenta de fondos públicos.
