El Ministerio de Educación de Salta confirmó que se presentará como querellante en la causa judicial que investiga a una red de trata de personas que operaba dentro de una escuela pública en la zona sur de la capital. La decisión fue anunciada por la ministra Cristina Fiore, tras el avance de la Justicia en una causa que ya dejó siete personas detenidas, entre ellas un remisero señalado como organizador y dos empresarios.
La red, según la investigación, captaba a adolescentes de entre 12 y 17 años ofreciéndoles dinero a cambio de favores sexuales. El caso salió a la luz por denuncias de docentes y familiares que detectaron contactos sospechosos a través de redes sociales. Además de los abusos, la causa también revela la existencia de filmaciones y amenazas hacia las víctimas, lo que agrava la situación.
El Ministerio busca con esta medida no solo acompañar a las víctimas y sus familias, sino también tener acceso directo al expediente judicial y participar activamente del proceso. La presencia del Estado, remarcaron desde la cartera educativa, es clave para garantizar justicia y prevenir futuros casos dentro del sistema educativo.
Plan de acción y organismos de apoyo
En el mismo acto, Fiore anunció la creación de la Unidad Provincial de Apoyo a la Comunidad Educativa y del Observatorio de Violencia Escolar. Ambos estarán integrados por equipos técnicos especializados en psicología, pedagogía y derecho, con capacidad de intervención inmediata ante situaciones críticas.
El objetivo es fortalecer la contención dentro de las escuelas y generar datos confiables para elaborar políticas públicas que respondan a las distintas formas de violencia escolar, desde el acoso hasta situaciones más graves como la que hoy conmociona a la provincia.
Además, el nuevo plan se basa en seis ejes centrales: fortalecer los equipos de orientación, capacitar en mediación y diálogo, fomentar la corresponsabilidad familia-escuela, articular con otras áreas del Estado y centralizar los programas ya existentes de convivencia y deporte escolar.
Una señal clara ante un caso inédito
La gravedad del caso, por la cantidad de implicados y la magnitud de las denuncias, generó un fuerte impacto en la comunidad salteña. Aunque el establecimiento educativo ya cuenta con acompañamiento psicológico, las autoridades buscan enviar un mensaje contundente: la escuela debe ser un espacio seguro, y el Estado no va a mirar para otro lado.
La participación del Ministerio como querellante representa un paso firme en esa dirección, y marca el inicio de una etapa en la que la prevención y el cuidado de las infancias serán prioridad.
La causa judicial sigue avanzando, mientras desde Educación se aceleran las medidas para evitar que algo así vuelva a ocurrir en una escuela salteña.
