El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) confirmó este miércoles un paquete de financiamiento para Argentina por US$10.000 millones durante los próximos tres años. En un respaldo tácito al programa económico del Gobierno nacional, el organismo también imprimió cautela: advirtió sobre las débiles reservas externas, el alto nivel de pobreza infantil y la necesidad de avanzar con reformas legislativas estructurales.
La ayuda consistirá en US$7.000 millones destinados a fortalecer al sector público y reformar la gestión tributaria, mientras que otros US$3.000 millones pasarán a través de BID Invest al sector privado. El primer desembolso, unos US$3.000 millones orientados a deuda soberana y estructuras fiscales, está previsto para lo que queda de 2025.
Desde la sede del BID, se agradeció el acompañamiento, destacándose que la Estrategia País 2025‑2028 se gestó junto al Ejecutivo para impulsar un modelo basado en la inversión privada, con políticas sociales focalizadas en los sectores más vulnerables. Pablo Quirno, secretario de Finanzas, interpretó la decisión como un “respaldo claro” a las prioridades de Javier Milei: ajuste fiscal, aperturas de mercado y consolidación institucional.
Condiciones y riesgos: alertas incluidas
Si bien el BID celebró el reciente primer superávit primario en 14 años, llamó la atención por la debilidad de las reservas del Banco Central, la elevada inflación—ligada a monetización del déficit—y la precariedad legislativa para impulsar reformas pendientes. El organismo destacó también que “la mitad de los chicos entre 0 y 14 años vive en pobreza” y que persisten los altos índices de informalidad laboral (36,1 %) y de indigencia (18,1 %).
Entre los ejes del acuerdo se mencionan:
- Modernización de la gestión tributaria y reducción del gasto.
- Eliminación de trabas regulatorias para agilizar inversiones.
- Políticas destinadas a aliviar la pobreza y mejorar la asistencia social
El organismo también apuntó que quedan pendientes desafíos en salud pública, infraestructura educativa y capacidad de respuesta a shocks externos. Se alerta sobre la "fatiga social" que podrían generar políticas de ahorro fiscal sin respaldo político, y se enfatiza que cualquier demora o reversión en las reformas empresariales podría socavar la confianza del sector privado.
Qué sigue tras el acuerdo
- Desembolso inmediato de US$3.000 millones en 2025, con desembolsos subsecuentes entre 2026 y 2028.
- Agenda legislativa focalizada en reformas fiscales, regulatorias y de infraestructura para apoyar la inversión privada.
- Monitoreo social y fiscal, con foco en registrar avances en pobreza infantil, empleo formal, salud y educación.
- Riesgos a futuro: una eventual reversión de políticas o volatilidad externa podría trabar los próximos desembolsos.
Este paquete del BID se enmarca en una coalición internacional con el FMI y el Banco Mundial, que en conjunto planean destinar hasta US$22.000 millones a Argentina durante este mandato.
