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Los argentinos somos de meternos en problemas, y todo radica en la fé. Nuestra cultura y carácter confiado a veces nos traiciona. Echemos un poco de luz sobre esto.


MAFIAS SINDICALES

La banda de los Rodríguez: META CUMBIA y TONGO TONGO

Mafias ocultas a casi plena luz del día. Negocios turbios. Política sucia. Lo peor del apriete sindicalista y el tongo. Pasen y vean.

Los hermanos Sergio y Luís Rodríguez, junto Emiliano Durand y Ángel Causarano. Amigos son los amigos.
Los hermanos Sergio y Luís Rodríguez, junto Emiliano Durand y Ángel Causarano. Amigos son los amigos.

Por Severino Reconquista Flores Pailler (*)

Salpicados por diferentes causas penales, con detenidos e imputados, los señores que manejan SIMUSA van a todo o nada. Corre riesgo su propio beneficio que, como veremos, no es poca cosa. Las causas penales, las declaraciones en su contra y una persona clave, las pruebas del poder y los modos de operar de los hermanos en cuestión.

Seguramente cuando Bettina Romero se decidió a terminar con la corruptela municipal tuvo en cuenta que nada sería fácil, que las reacciones serían a “matar o morir” y que las verdaderas “organizaciones ilícitas” intentarían ocultar y negar cualquier acusación. Lo que nunca imaginó es que algunas de esas organizaciones le ofrecerían “ser parte” de la caja (guiño-guiño) producto de la corruptela como modo de evitar ser desenmascaradas y que para “negociar el botín” aparecería, nada más y nada menos, que uno de los gremios más importantes de la capital salteña: SIMUSA.

Comandada por los hermanos Sergio y Luis Rodríguez, la banda de SIMUSA no trabaja sola, y esto quizás sea aun más sorprendente y lamentable, pues tiene importantes aliados en representantes del poder político. A espaldas del Gobernador, altos funcionarios del Gobierno Provincial comparten con los hermanos Rodríguez algo más que intereses políticos: comparten “LA CAJA”.

La negativa del gobierno municipal a aceptar la insólita propuesta de participar de la caja recaudadora que SIMUSA supo “armar” clandestinamente en la Dirección de Habilitaciones Comerciales y en el área de Espacios Públicos, sumado a las denuncias realizadas por el Gobierno de Bettina Romero por la asociación ilícita de Habilitaciones (que terminara con 7 detenciones y una profunda depuración de personas y cambio de procedimientos) descolocó a Sergio y Luis (los hermanos SIMUSA), a tal punto que, cuando pudieron reaccionar emprendieron una cruzada contra el gobierno municipal, incluyendo falsas acusaciones a funcionarios e incluso amenazas realizadas vía whatsapp. Dichas causas están documentadas y puestas a consideración de los fiscales que atienden la causa.

Pero a SIMUSA y “los Rodríguez”, les quedaba todavía una importante fuente de ingresos en la entonces Dirección de Espacios Públicos, donde 43 inspectores (si, leyó bien, 43), salían cada día a las calles, peatonales, plazas y parques de la Ciudad, a “cuidar” que nadie toque a los manteros y demás okupas de espacios públicos, plazas y parques, a cambio de una razonable suma de dinero que, según cuentan los propios manteros que hoy fueran ubicados en el subsuelo del Mercado San Miguel, se actualizaba trimestralmente en base a los índices inflacionarios, los hermanitos SIMUSA resultaron buenos para la economía.

Un conocido mantero, hoy con un puesto de jerarquía en el Mercado San Miguel, relata que antes de la pandemia los Rodríguez se llevaban unos 100.000 pesos por día recaudados a través de los inspectores de Espacios Públicos y que estos entregaban en bolsas de supermercados, ocultos dentro de paquetes de yerba mate, a algún hombre de confianza de los estratégicos hermanitos.

Cuando Bettina Romero logra detectar este nido de corruptela, primero interviene el área (argumentando que se trataba de una refuncionalización y modernización), nombrando interventora a Susana Pontussi, y luego, disimuladamente, empieza una labor conjunta con la Policía de la Provincia. Esto le permitió realizar algunas filmaciones y fotografías donde se pueden ver las actitudes evidentes de los inspectores corruptos. Con todo este material en la mano, el 26 de noviembre de 2021, el gobierno de la Ciudad de Salta interpone la denuncia formal ante el Fiscal de turno y, mediante la Resolución N°001 de la Interventora Susana Pontussi resuelve “Ordenar la suspensión…” (artículo 1) de los 43 agentes municipales detectados con las manos en “la masa” durante las investigaciones.

Inmediatamente, la Municipalidad de Salta despide a Ramona Milagros Barrios, quien se desempeñaba como coordinadora de Inspectores de la intervenida subsecretaria de Espacios Públicos, mediante Resolución 119 publicada en el Boletín Oficial Municipal del 11 de febrero de 2022.

La Resolución 119 habla por sí misma y no necesita presentación, puesto que incorpora a sus considerandos múltiples testimonios, en base a denuncias de quienes se dedicaban a la venta ambulante en la zona céntrica de la ciudad, antes de la reubicación en el subsuelo del Mercado Municipal.

Los testimonios surgen a partir del asesinato de joven Nahuel Vilte, quien fuera degollado víctima de una pelea (defendía a su hermana y a su madre) por un espacio en el Parque San Martín. Dichos testimonios señalan que Barrios exigía dinero para que puedan permanecer en sectores no habilitados, monto que además se incrementaba en días festivos, y que, en muchos casos, el pago se hacía a través de otros vendedores “amigos” para cubrirse de no ser filmada o grabada.

Según manifestó una de las declarantes de la causa: “desde hace cuatro años como consecuencia de trabajar como vendedora ambulante en zona de calle florida tiene que soportar que la Sra. Barrios Ramona en cumplimiento de sus funciones de inspectora le solicite ilegalmente dinero diariamente para poder ocupar un espacio en la cuadra de calle florida al 345 para poder trabajar como vendedora. Cuando se trasladó a calle Mendoza y Florida, también la Sra. Barrios le solicitaba dinero, a través de otra vendedora ambulante llamada Mónica Inés Gualpa, quien era la persona que se encargaba de recaudar el dinero de todos los ambulantes de la zona para entregárselo a Barrios". Este es uno de los crudos y determinantes testimonios que figuran en la resolución que exoneró a Barrios.

En la Resolución existen muchos testimonios más, incluyendo uno más preciso donde se señaló que “Barrios pedía entre $ 150 y $100 y los días festivos $200, ello para permitirles ubicarse en la calle Florida a vender su mercadería. Y cuando le respondía que no tenía plata, la inspectora la hacía retirarse del lugar amenazándola que pediría ayuda policial para sacarla y de esta manera permitía a otras vendedoras que sí habían pagado”.

¿Pero qué es lo más llamativo de estos hechos? ¿Quién cree Ud. que hizo un escándalo cuando denunciaron y despidieron a Barrios? Si señor, usted acertó: el gremio SIMUSA, con los hermanos Rodríguez a la cabeza.

Pero hay alguien más (alguien más importante, claro está…) que tuvo que dejar su cómodo y lujoso despacho para apersonarse a reclamar por Barrios. Y como no iba a reclamar por la “recaudadora”, si 3 millones de pesos mensuales no son para nada poca cosa. Pero ojo, que en 2019, y en dólares, eran todavía mucho, mucho, mucho más.

Evidentemente SIMUSA operaría como una verdadera mafia organizada cuya fuente de ingresos es el dinero de gente pobre e indefensa. Esa mafia se encuentra enquistada en el poder, no sólo con los importantes contactos -¿socios?- entre funcionarios provinciales, sino también a través de familiares y amigos que ostentan jugosos contratos en estamentos públicos.

Cuentan que alguna vez, un funcionario municipal le reclamó a los hermanos Rodríguez que en las reuniones con el sindicato no les interesaba defender los derechos del trabajador municipal sino sólo los contratos de sus familiares. La respuesta fue contundente: “Usted no entiende nada”. Y si, puede ser Rodríguez, los salteños y los empleados municipales no entendemos nada, por eso usted es un importante Secretario Gremial.

Por Severino Reconquista Flores Pailler (*)  es salteño, abogado y escritor en sus tiempos libres.

 


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